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Un tribunal revisor confirmó la prisión preventiva por el plazo de un mes para J.R.S., imputado por una agresión ocurrida durante la mañana de Navidad en la costanera de Chos Malal, y dejó sin efecto una medida que imponía a la fiscalía una responsabilidad funcional vinculada a las condiciones de detención.
El hecho ocurrió el 25 de diciembre, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el imputado atacó a un hombre que se encontraba en un estado de vulnerabilidad producto de la ingesta de alcohol. Según la acusación fiscal, J.R.S. lo golpeó reiteradamente en la cabeza y el rostro, incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo e imposibilitada de defenderse. Tras la agresión, el imputado se dio a la fuga y fue detenido horas más tarde en el paraje Chapúa, a unos 30 kilómetros del lugar del hecho. La víctima permanece internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.
La fiscal del caso Natalia Rivera le atribuyó el delito de lesiones graves agravadas por alevosía, sin perjuicio de que la calificación legal pueda agravarse a lesiones gravísimas o tentativa de homicidio, en función de la evolución del estado de salud de la víctima. En la audiencia de formulación de cargos, solicitó la prisión preventiva por un mes, fundando el pedido en la gravedad del hecho y el riesgo de fuga.
Al momento de la formulación de cargos, la jueza de garantías Carolina González dispuso la prisión preventiva, pero además impuso una denominada “contracautela funcional” a la fiscalía, que la obligaba a solicitar una audiencia si las condiciones de detención en la Comisaría 30 de Andacollo no coincidían con lo informado.
Durante la audiencia de revisión, la defensa solicitó la revocación de la prisión preventiva y propuso medidas alternativas. En tanto, la fiscalía y la querella cuestionaron la contracautela, al considerar que carecía de sustento legal.
El tribunal revisor, integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Balderrama y Bibiana Ojeda, resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva por un mes y revocar la medida que imponía responsabilidad funcional a la fiscalía. Además, ordenó al jefe de la Comisaría 30 de Andacollo que informe de manera inmediata a las partes sobre las condiciones de detención del imputado.
En su resolución, el tribunal señaló que la responsabilidad de garantizar condiciones de detención acordes a las normas constitucionales es una obligación del Estado y de todos los operadores del sistema, y que la figura aplicada por la jueza no está prevista en el Código Procesal Penal.
