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La audiencia requerida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para formular cargos a un exfuncionario municipal de Andacollo, fue suspendida por pedido de su abogado defensor y se reprogramó.
Si bien el objetivo del Ministerio Público Fiscal (MPF) era formalizar la investigación ayer al mediodía en la audiencia prevista en la ciudad de Chos Malal, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font avaló el pedido del abogado defensor y resolvió la reprogramación.
En términos generales, la defensa planteó que la notificación de la audiencia fue con 24 horas de antelación. Este lapso no le resultó suficiente para evaluar la evidencia reunida por el MPF y así poder responder a un eventual pedido de medida cautelar del organismo, motivo por el cual se afectó el derecho a defensa de la persona bajo sospecha.
Ante la resolución de la magistrada, la acusación no pudo ser presentada por el fiscal jefe Fernando Fuentes y el fiscal del caso Víctor Salgado, y tampoco tuvieron la posibilidad de solicitar medidas cautelares en audiencia.
La persona bajo sospecha y a la que el MPF pretendía acusar, para de este modo también activar los plazos de la investigación, es Eduardo Argentino Zenteno (exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes del municipio). Ya fue acusado, en noviembre del año pasado, por otro hecho: integrar junto a tres personas una asociación ilícita mediante la cual realizaron maniobras que le causaron un perjuicio cercano a los $128 millones a la municipalidad de Andacollo.
La investigación que el MPF no logró formalizar ayer, gira en torno a un hecho diferente: la apropiación de fondos públicos mediante operaciones de compra de combustible, según la información preliminar recolectada.
Ante el pedido de suspensión de la audiencia del abogado defensor, el fiscal jefe planteó la oposición del MPF y requirió que se realice de acuerdo a la agenda prevista. “Nos vamos a oponer. La propia naturaleza de la audiencia es la de anoticiar al imputado y a su defensor de la imputación y cuáles son los elementos probatorios con los que se cuenta hasta el momento”, indicó Fuentes. “Sobre la cuestión vinculada al pedido de las medidas cautelares, el defensor no sabe cuál es el planteo que va a hacer la fiscalía y, eventualmente, cuenta con la herramienta del cuarto intermedio para analizar el planteo, sin llegar a la necesidad de la suspensión de la audiencia”, puntualizó.
La postura de la fiscalía fue acompañada por los abogados querellantes que representan a la municipalidad.
La jueza de garantías planteó, entre otros fundamentos, que “el tiempo en que se ha fijado la audiencia no ha sido prudente ni razonable para que en este caso la parte que solicita la reprogramación pueda haberse preparado correctamente…”. Agregó que “de habilitar esta audiencia bajo estas circunstancias estoy quitando herramientas a la defensa para que pueda hacer los planteos correspondientes a lo que vaya a plantear la fiscalía; debo resguardar el debido proceso y la igualdad de herramientas para que puedan litigar cada una de las instancias procesales”. Además, dijo que el MPF “no invocó circunstancias de necesidad y urgencia”.
Luego de la suspensión, el MPF fue notificado por la Oficina Judicial de la fecha de la audiencia reprogramada: miércoles 25 de marzo a las 11 de la mañana.
